DLA - Agencia | 17/07/2017 | 2:41 pm
¿A qué se enfrentaría un gobierno de transición?
VÍCTOR ÁLVAREZ .-

La prolongación de las políticas de intervención y control estatal degeneran en incentivos perversos a los cazadores de rentas, especuladores y corruptos. Un gobierno de transición está emplazado a corregir de entrada las desviaciones y errores de la política económica.

Para salir de la crisis, en Venezuela se habla cada vez más de un gobierno de transición que aísle a los factores extremistas y radicales de ambos bandos. Sería un gobierno transitorio de coalición entre los sectores moderados del oficialismo y de la oposición que se encargaría de superar la crisis política, reactivar la economía y desactivar la bomba social para que un próximo gobierno electo en las urnas reciba un país saneado y gobernable.

Ahora bien, en torno a los controles de cambio y de precios, la asignación de dólares preferenciales, el financiamiento público, la contratación de obras, las compras gubernamentales, las exoneraciones de aranceles e impuestos, las licencias de importación, las concesiones mineras, etc. se crean poderosos intereses que se van mineralizando al paso del tiempo, y luego ofrecen una tenaz resistencia al cambio de las políticas al calor de las cuales ha medrado y acumulado grandes fortunas.

La proliferación y prolongación de controles cambiarios, de precios y otra índole, degenera en incentivos perversos que se convierten en el caldo de cultivo perfecto para acuerdos de colusión entre élites de empresarios, funcionarios y militares que tienen el control de la asignación de las divisas preferenciales, la fijación de precios, las compras gubernamentales, los puertos, las aduanas, etc. Estos grupos se opondrán a los cambios en los controles, toda vez que su prolongación es lo que les permite perpetrar las prácticas de sobrefacturación y sobreprecio con las que justifican una mayor asignación de divisas preferenciales y fondos públicos para financiar la fuga de capitales.

Sanear y estabilizar la dinámica económica implica levantar la enorme gama de controles y, por lo tanto, supone confrontar los poderosos intereses consolidados en torno a los incentivos perversos de las desviaciones y errores de la política económica. Para descubrir los intereses en juego e identificar los riesgos que correría el programa económico de un gobierno de transición, es necesario contar con un enfoque de economía política que rinda cuenta de las tensiones que desencadenan las fuerzas a favor y en contra del programa de reformas económicas.

El enfoque de economía política explora los intereses que subyacen en las políticas económicas y nos ayuda a identificar quiénes se favorecen o perjudican con tales políticas, así como quiénes apoyarían o se opondrían a un eventual cambio en las mismas. De allí la importancia de identificar, en un eventual gobierno de transición, cuáles son los sectores que se verían favorecidos o afectados con las medidas que se implementen y, sobre esta base, poder construir la viabilidad política de un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social.

Un factor que influye sobremanera en el éxito o fracaso de los programas económicos es la resistencia de los grupos de poder que pueden perder sus privilegios, y la de los sectores sociales que temen pagar los costos del ajuste. Para tener claro este panorama, vale preguntarse entonces:

¿Quiénes son los dolientes que serían afectados en sus intereses económicos, sociales y políticos? ¿Cuáles son los riesgos políticos que pueden abortar los cambios de la política económica? ¿Cómo armonizar la gerencia de las variables económicas, sociales y políticas para minimizar los riesgos de que el programa fracase? ¿Cómo evitar la conflictividad social que erosione la base de apoyo político de las reformas?

La consideración de las implicaciones políticas y sociales deviene en un factor clave para el éxito del programa de reformas económicas. La construcción de su viabilidad no puede limitarse al diseño técnico y a los aspectos tecnocráticos relacionados con la calidad del diseño, la secuencia y el ritmo de las medidas. Resulta imprescindible asegurar el respaldo político y social, para lo cual se requiere prever las compensaciones a los sectores sociales que pudieran resultar afectados. Además de la coherencia y solidez de las medidas que conforman el programa de reformas, se requiere liderazgo político, fortaleza institucional, capacidad gerencial y sensibilidad social para su exitosa instrumentación.

Adicionalmente hay que tener en cuenta que los errores y desviaciones de la política económica generan incentivos perversos en torno a los cuales se reproducen y multiplican grupos de interés que se oponen al cambio de las políticas ¿Qué es lo que impide sincerar el precio de la gasolina y la tasa de cambio de 10 Bs/$? El control de cambios no evitó la fuga de capitales ni el descalabro de las reservas internacionales, pero se mantiene como un instrumento de dominación política. Lo mismo pasa con el control de precios, que no pudo impedir la inflación más alta del mundo, pero es útil para dominar al sector empresarial.

Por si fuera poco, la pobreza derivada se convierte en el caldo de cultivo perfecto para implantar el modelo de control social con el cual somete y doblega a la población. A través de los programas compensatorios se destruye el valor del trabajo y la dignidad de la población más vulnerable, la cual se acostumbra a vivir de las dádivas del Gobierno, a cambio de su lealtad política.

Un modelo económico se plantea hacer rendir unos recursos escasos para optimizar el bienestar social. Pero las desviaciones y errores de la política económica suelen operar como incentivos perversos en torno a los cuales se van conformando redes de corrupción. La acumulación de fortuna no se logra con la inversión productiva que genera una creciente riqueza, sino a través del enriquecimiento fácil que se obtiene al medrar de los errores y desviaciones de la política económica.

A contrapelo de un modelo económico que crea capacidades industriales y tecnológicas, el modelo de expoliación no busca estimular las fuerzas productivas, sino el saqueo de la renta petrolera y el despojo a la empresa privada. Con este fin, destruye los mecanismos del mercado que regulan la dinámica económica y los sustituye por decisiones discrecionales del burocratismo. El modelo se vale de engorrosos trámites para crear una empresa, rígidos controles de cambio y de precios, abusos en las inspecciones y multas, requisa y remate de mercancías, arbitrario cierre de establecimientos, hasta llegar al extremo de encarcelar a sus gerentes y expropiar las empresas. Esta acción punitiva espanta la inversión, estimula la fuga de capitales, castiga la producción y genera desempleo y escasez.

Los incentivos perversos de la política económica originan redes de corrupción que van colonizando los puestos claves de mando donde se asignan y administran los recursos públicos. Estas mafias van penetrando los Ministerios, empresas del Estado, Fuerza Armada y Poder Judicial, corrompen militares y funcionarios que, en estrecha colusión, conforman una poderosa nomenclatura que no diferencia entre el patrimonio público y el privado. Al corromperlos, los hace cómplices y parte de un modelo de expoliación que surge al calor de las desviaciones y errores de la política económica, los cuales se niegan luego a corregir, convirtiéndose en una de las principales resistencias y amenazas de las reformas que pueda impulsar un gobierno de transición.

La resistencia de los cazadores de rentas, especuladores y corruptos

Los ingresos fiscales de origen petrolero hacen menos dependiente al Gobierno de la tributación interna, razón por la cual no se siente obligado a rendir cuenta a los contribuyentes. Por el contrario, son estos los que se someten a la voluntad del Gobierno a cambio de una tajada de la renta petrolera. En los períodos de auge rentístico, la enorme capacidad financiera le facilita al Gobierno ir más allá del rol tutelar en la economía, toda vez que no solo autoriza la instalación de una nueva fábrica, fija los precios de los productos o decreta el salario mínimo, sino que también se convierte en empresario directo en muchos sectores que considera estratégicos, tales como las industrias básicas, la generación de electricidad, las telecomunicaciones, la construcción de metros y ferrocarriles, etc.

En Venezuela, el objetivo de las élites políticas y económicas que se disputan el poder ha sido el de controlar la capacidad estatal para intervenir y regular la economía. En esta pugna, las instituciones que administran la política económica, con frecuencia, terminan colonizadas y secuestradas por la colusión de intereses político-económicos que tuercen en su propio beneficio la gracia y el favor de los incentivos públicos. Estas élites que se han beneficiado del rentismo también se opondrán a las medidas que un gobierno de transición pueda tomar para impulsar la transformación de la cultura rentista en una nueva cultura tributaria.

La prolongación de las políticas de intervención y control estatal degeneran en incentivos perversos a los cazadores de rentas, especuladores y corruptos. Para erradicar el manejo perverso de estos instrumentos por parte de las poderosas mafias que han penetrado y secuestrado la estructura de los poderes públicos, un gobierno de transición está emplazado a corregir de entrada las desviaciones y errores de la política económica. Esto pasa por crear un nuevo marco legal y entorno institucional que sea expresión de un gran acuerdo nacional para evitar el uso arbitrario y discrecional de la renta petrolera por parte de los grupos privilegiados que han medrado y enriquecido al amparo de los incentivos perversos que ofrecen las desviaciones y errores de la política económica.

 

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