DLA - Agencia | 17/07/2017 | 12:55 pm
Cuando protestar es una sentencia
Rosalinda Hernández C..-

Las violaciones a los derechos humanos de manifestantes apresados en Táchira superan en número a los 100 días de protestas de calle registrados a nivel nacional, desde el pasado mes de abril hasta la fecha.

 

El Foro Penal Venezolano (FPV) no solo ha documentado la violación de los derechos humanos en cuanto al debido proceso de las personas detenidas en el marco de las protestas, también ha constatado reiteradas trasgresiones que se convierten en patrones ejercidos por los organismos de seguridad del Estado, en contra de los detenidos.

Patrones catalogados como “sistemático de actos represivos contra manifestantes, que va desde las detenciones arbitrarias hasta los asesinatos, acción que continuó en el mes de junio de 2017”, así lo describe el informe de represión de junio del presente año presentado por la ONG.

El Táchira, aunque lejos de la capital, no está apartado de la realidad nacional y durante los tres meses de protesta en contra del Gobierno nacional, en la entidad el FPV ha contabilizado 14 muertes dentro del contexto de la protesta, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional de muertes en el referido escenario.

Las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, sobre todo en menores de edad, son las que mayormente se registran en la región, según el recuento presentado por la Coordinadora Regional del Foro Penal en la entidad, Raquel Sánchez.

“A un grupo de ellos (menores de edad) los golpearon una vez fueron detenidos e ingresados en la tanqueta de la Guardia Nacional y nuevamente los golpearon cuando los llevaron al comando”, narró la abogada defensora de los derechos humanos.

Durante 51 días, narró Raquel Sánchez, dos menores de edad de la población de Coloncito recibieron tratos crueles y amenazas dentro del recinto de detención por parte de los funcionarios aprehensores.

“Los funcionarios los amenazaban diciéndole que los llevarían junto a los presos comunes para que los violaran y golpearan. Además de las torturas y advertencias sobre violaciones sexuales, para que dijeran quiénes eran los líderes locales que promueven las protestas y si no acusaban a estas personas se cumpliría la amenaza”.

En medio del repertorio de casos de personas presas, en el marco de las protestas, existe un proceso específico que mencionó la representante del Foro Penal. Se trata de una joven de un municipio foráneo a la capital del Táchira que presuntamente fue ultrajada.

“Actualmente el caso está en la fase de denuncia en donde el Foro Penal asesora a la víctima que se encuentra con un cuadro psicológico apremiante, debido a la situación en su contra en la que se presume que sí hubo un ataque violento y violación sexual”, precisó.

La organización pro defensa de los derechos humanos ha asistido a la víctima, quien fue detenida y procesada. “La presunta violación ocurre dentro de la etapa de la detención, una vez es llevada al juicio de presentación es que nos percatamos de esa situación”.

El presunto abuso sexual, que denunció la vocera del Foro Penal en la región, ocurrió en un municipio del Táchira y aunque el organismo que efectuó la detención de la joven en un primer momento fue la Guardia Nacional, la agraviada señaló que “el operativo fue conjunto y que los funcionarios involucrados en el hecho son pertenecientes a la Policía del Táchira”.

Otro de los hechos violatorios de los derechos humanos que más ha preocupado a los representantes del Foro Penal es el hecho de fotografía a detenidos, mostrándolos sanos, y en excelente estado pero totalmente desnudos. Una vez que el Foro Penal tiene acceso a los presos se constata que estaban golpeados.

“Uno de los jóvenes golpeados presentaba una crisis bien fuerte al momento de nosotros visitarlos. Esta situación fue denunciada y las torturas a las que fueron sometidos para que delataran a otra persona involucrada en un supuesto hecho. Someten y minimizan a la persona pretendiendo conseguir información a punta de golpes”, comentó la jurista.


Así violan los derechos humanos

Anteriormente, si una aprehensión la realizaba determinado cuerpo de seguridad, las personas permanecían arrestadas en la comandancia del referido organismo. Ahora se dan operativos conjuntos entre la Guardia Nacional, la Policía del Táchira y la Policía Nacional Bolivariana. Los ciudadanos son detenidos por un organismo de seguridad pero son llevados en calidad de depósito a la sede de otra institución diferente a quien ejecutó la detención.

Esta situación ha provocado incertidumbre en los familiares de los presos a la hora de identificar el sitio de reclusión y es ahí donde empieza la violación reiterada al debido proceso y el derecho a la defensa, porque durante la investigación las personas tienen derecho a la asistencia jurídica que no han tenido al momento de ser detenidas, dijo la coordinadora del Foro Penal.

La verificación de la integridad física de los capturados representa otro de los elementos violatorios reiterados, agregó Sánchez.

“Ha sido repetido el comportamiento por parte de los cuerpos policiales al no permitir el acceso a los familiares, ni abogados, para poder verificar físicamente cómo se encuentran estas personas”.

El derecho a la salud de los privados también ha sido lesionado, acotó la representante del FP, y así lo constatan informes emitidos por médicos y centros de asistencia integral (CDI), donde ha quedado plasmado que los detenidos se encuentran en buen estado y no tienen ningún tipo de lesión visible, esto no siempre siendo cierto.

“Al llegar a los tribunales estas mismas personas privadas de libertad presentan lesiones que son visibles y en ese momento es que se denuncia la violación a la integridad personal y se solicita un nuevo reconocimiento forense. Allí se establece una cadena de responsabilidades porque si existe un informe médico que no está dejando por sentada las lesiones, que son evidentes, ese médico será incluido dentro de la investigación penal, además de los funcionarios aprehensores que firman las actas policiales y todos los que estén en el entorno de la detención y la retención”, explicó Raquel Sánchez.

Una de las constantes denuncias hechas por los detenidos en protestas es que se les niega la alimentación e hidratación, aun cuando estas corren por cuenta de los mismos familiares.

“No les pasan comida a pesar de que la familia acude al recinto de aprehensión y entregan los alimentos con el nombre del detenido; esta nunca les llega. Pueden pasar dos días y no les suministran alimentos. Tenemos casos de niños de 14, 15 o 16 años que han durado todo este tiempo sin alimentarse, ni ingerir agua, mientras son presentados en el Tribunal de Control de Garantías”, denunció la abogada.

La mezcla de menores de edad con adultos en las celdas, acción sancionada en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, también es recurrente; además de usar sitios y ambientes de reclusión no aptos para atenderlos, lo que forma parte de actos violatorios a los derechos humanos.

“Los detenidos han denunciado que han sido obligados a quitarse la ropa y quedar desnudos completamente, e igualmente a los familiares cuando los visitan, caso Destacamento 212 de la Guardia Nacional en San Antonio del Táchira, donde los familiares de dos adolescentes allí recluidos han puesto recientemente esta queja al Foro Penal. A los detenidos los desnudan, humillan y someten a tratos crueles”.

Los cuerpos policiales auspician a los procesados por delitos comunes a que golpeen, maltraten o den tratos humillantes a los presos por protestar.

“En el caso de los funcionarios de la Policía del Táchira, hemos recibido denuncias que ellos (policías) les indican a los presos por delitos comunes que sus causas se retardan dentro de los tribunales, no les celebran audiencia y no existe prioridad para ellos por culpa de los que están siendo detenidos en protestas. Esto representa una instigación al odio para con quienes han sido detenidos en el contexto de la protesta por parte de los funcionarios que motivan los ataques”.

Se han dado casos tanto de adolescentes como de personas mayores de edad, inclusive entre ambos, que son ingresados a celdas denominadas “tigritos”, espacios de 2 metros por 2 metros en donde les lanzan bombas de gas lacrimógeno para afectar su humanidad.

Ni por ser menor de edad se salvó

 

Wilmer Reyes es el padre de un joven de 17 años que fue apresado por la Guardia Nacional (GN) en medio del contexto de los saqueos del mes de mayo.

 

El estudiante estaba esperando en una parada de buses el pasado 18 de mayo en el sector Sabaneta. Al lugar arribó una comisión antimotines de la GN, lanzando gas lacrimógeno y perdigones; el menor de edad fue alcanzado por un perdigón, momento en que fue neutralizado por la fuerza militar y llevado detenido al Comando Zonal 21 de la Guardia Nacional.

Reyes denunció agresiones físicas, golpes y amenazas propinadas a su hijo, además de la negación de recibir asistencia médica.

“Al momento de detenerlo los guardias le dieron golpes, entre ellos un cachazo en la parte trasera de la cabeza donde le dejaron una herida grave, aparte de un perdigón en la espalda, golpes en las piernas y en los pies. Además que le decían que se callara porque lo iban a matar”.

Fue mantenido en condiciones “inhumanas” dentro del destacamento militar, aseguró el padre del detenido.

“Los tenían en una jaula donde metían a 16 o 17 presos más, todos adultos menos mi hijo. Solo una vez al día podían hacer sus necesidades, se bañaban cada dos días y en las noches les lanzaban gas pimienta para no dejarlos dormir, todo eso pasó dentro del Comando Regional de la Guardia Nacional”.

 

A días de la detención, el joven fue llevado al albergue de menores de San Cristóbal, lugar desde donde lo trasladaron el miércoles 31 de mayo, sin comunicarles nada a los familiares, hasta el estado Yaracuy.

“Se lo llevaron sin ningún consentimiento de mi parte, nunca me llamaron, ni me dijeron: `Señor Wilmer su hijo va a ser trasladado a Yaracuy’. La jueza ni siquiera estaba enterada de ese traslado”.

Cuando llegó a Yaracuy, contó el joven al Semanario de Los Andes, “nos dieron la bienvenida, los custodios nos golpearon por todas partes (cabeza, estómago, cara) a todos. Luego nos metieron en un cuarto pequeñito que le dicen tigrito. Antes de entrar nos obligaron a desnudarnos”, comentó el joven con la vergüenza reflejada en su rostro.

Con la cabeza rapada, resultado de su estadía en la cárcel venezolana, la seriedad que no es característica en un muchacho de 17 años y señales inocultables de nerviosismo y con una medida cautelar con régimen de presentación cada cinco días, luego de permanecer cerca de un mes apresado, el muchacho narró que el subdirector de la prisión en Yaracuy lo amedrantaba todos los días, con una página de periódico en la que los medios reseñaron las denuncias hechas por sus padres.

“Con el periódico en la mano me decía: `mire que es cierto que lo estoy investigando por paramilitar’. Me mostraba el artículo de prensa en donde mi papá hacía la denuncia”.

Luego de la liberación, un intenso dolor de cabeza y una pesadilla recurrente se ha apoderado del descanso del estudiante.

“Llevo tres noches soñando con lo mismo: veo al subdirector de la cárcel cuando me llamó a decirme que me iba a investigar la vida. Él decía que como yo era colombiano, mi papá y yo éramos paramilitares. A mí era al único al que decía eso”.

El joven Reyes formó parte del grupo de ocho menores de edad que fueron desarraigados del estado de origen (Táchira) y llevados sin ningún aviso a una cárcel foránea.

Una bomba en la cara